La Suprema Corte bonaerense negó prisión domiciliaria a Carrascosa
El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, había solicitado una morigeración de las condiciones de detención debido a que su defendido padece una grave afección cardiovascular y depresión, y actualmente tiene 69 años, un año menos que el que prevé la ley para darle el beneficio.
El máximo tribunal bonaerense remitió a lo ya dicho por el Tribunal de Casación Penal provincial respecto a esta cuestión, respecto a que la Unidad 41 de Campana, donde está detenido Carrascosa, cuenta con una ambulancia en la puerta las 24 horas en caso de que necesite un traslado a un hospital de alta complejidad.
También se hizo saber al penal que Carrascosa se encuentra afiliado a una empresa de medicina prepaga (OSDE), en virtud de lo cual, además, puede acceder al sistema de emergencias de la misma.
La Corte también recordó que la petición de prisión domiciliaria se tramita ante el Tribunal en lo Criminal 6 de San Isidro, el cual en octubre pasado dispuso estudios médicos que derivaron en la decisión de contar con una ambulancia permanente.
El fallo fue firmado por los jueces Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters, Luis Esteban Genoud e Hilda Kogan, quienes desestimaron por "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por el defensor.
La socióloga María Marta García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera, y su marido dijo que había sufrido un "accidente" y se había golpeado con las canillas.
Sin embargo, la autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en la cabeza.
En 2007, tras un juicio oral, el viudo fue condenado por el encubrimiento del hecho y absuelto por el homicidio, pero en 2009, Casación lo sentenció a prisión perpetua al hallarlo autor del crimen.
Tras pasar por todas las instancias, la causa está ahora a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese marco, en noviembre último el procurador adjunto Eduardo Casal reclamó una "revisión amplia" de la condena.