Este monto económico era para la contratación de consultores para el registro de Derechos Reales. La legisladora opositora remarcó que dicha abrogación es debido a la fiscalización, apoyado por la difusión de medios de comunicación y ciudadanos.

“Vamos a seguir fiscalizando todo este proceso hasta que esta institución devuelva el último centavo. Quiero agradecer a los medios de comunicación y ciudadanos que compartieron la información. Cuando la fiscalización es acompañada por la ciudadanía, se obtiene este tipo de resultados”, señaló Campero.