Desde el retorno a la democracia, el país ha tenido como base de su estructura la elección de sus autoridades por medio de elecciones continuas, constantes y periódicas, tal como lo ha establecido nuestra constitución política del Estado, es evidente que no todo ha sido perfecto, pero es cierto que el espíritu democrático de los ciudadanos ha sabido salvar las dificultades.  

Los antecedentes inmediatos de la región, nos obligan a volcar la mirada a lo que acontece en el país hermano de Venezuela que ha demostrado y confirmado que la fragilidad del proceso democrático es evidente cuando no se cuenta con un órgano electoral confiable que implementa mecanismos constantes de transparencia y publicidad de las elecciones. 

Por otro lado, en Bolivia persisten las dudas sobre la eficacia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no modernizar sus métodos de votación ni contar con un sistema de cómputo eficiente. La demora en la transmisión de resultados y las interrupciones en la información generan incertidumbre y desconfianza entre los votantes. La modernización del sistema electoral no solo es vital para la credibilidad del proceso, sino también para asegurar una democracia sólida y participativa.

Es evidente que ante tales circunstancias desfavorables, tanto los ciudadanos como los partidos políticos no pueden ser espectadores silenciosos, es por eso que les corresponde la aplicación de lo establecido en el artículo 26 parágrafo II. numeral 5) de la Constitución Política del Estado por medio de la figura del “control electoral” intrínsecamente reconocida en el Art. 2 parágrafo f) del Régimen Electoral , misma que deberá transformar las dudas generadas en el proceso por certezas protectoras de la democracia. 

Por esto, en vísperas de las próximas elecciones que afrontaremos el 2025, todos los partidos deben empaparse y priorizar un adecuado control electoral que incluya la presencia de delegados capacitados en cada una de las mesas electorales del país, la obtención completa de todas las actas electorales y la implementación de un centro de cómputo capaz de sistematizar la información electoral de manera precisa e inmediata. 

En este contexto, invertir en un buen control electoral no es un gasto innecesario, sino una inversión en la democracia misma. Los partidos políticos tienen la corresponsabilidad de garantizar la transparencia y la claridad del proceso electoral, elementos esenciales para la estabilidad social y política del país. Contar con delegados bien capacitados y sistemas de cómputo eficaces es indispensable para asegurar que cada voto sea contado correctamente y que los resultados reflejen la verdadera voluntad popular.

Finalmente, la democracia no es solo responsabilidad de los partidos políticos y las instituciones; es una tarea compartida por toda la ciudadanía. Los ciudadanos, ya sean de oposición o del oficialismo, deben cuidar su voto. No deben ver su participación en el proceso electoral como un simple trámite administrativo con la expectativa de obtener beneficios personales, sino como un acto responsable de salvaguarda de la democracia. Cada voto es una herramienta de cambio y una manifestación de la voluntad popular, y protegerlo es proteger el futuro del país.