El proceso de desinstitucionalización o debilitamiento de las instituciones gubernamentales en Bolivia, ha sido un fenómeno que ha marcado la vida política y social del país en los últimos años, especialmente desde la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2006. Este proceso ha tenido profundas consecuencias en términos de gobernabilidad, democracia y paz social. 

Este debilitamiento de las instituciones bolivianas, se ha manifestado principalmente a través de la captura de los poderes del Estado por parte del órgano ejecutivo. La Asamblea Legislativa Plurinacional, que debería actuar como un espacio de deliberación y fiscalización, fue dominada por el MAS a través de su control mayoritario. Esto debilitó en extremo, la capacidad de fiscalización y la independencia del legislativo, permitiendo la aprobación de leyes, sin un debate adecuado y disminuyendo la representatividad de la pluralidad política del país.

Durante el gobierno del MAS, ha quedado expuesta la falta de independencia del poder judicial y de los órganos de control, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Las autoridades judiciales fueron elegidas, en muchos casos, bajo influencia política, y en lugar de actuar como un contrapeso al poder, se convirtieron en actores subordinados al gobierno de turno.

Un episodio central de este desacato a la institucionalidad, fue la reinterpretación del Tribunal Constitucional que permitió la reelección indefinida de Evo Morales en 2017, a pesar de que un referéndum en 2016 había rechazado esta posibilidad. Este hecho mostró cómo las instituciones fundamentales del país,podían ser manipuladas para servir intereses políticos, en lugar de proteger los derechos democráticos y el respeto a las normas.

La desinstitucionalización, también se manifiesta en la absolutapolitización de las instituciones públicas, donde la pertenencia al partido, el padrinazgo, el clientelismo o la venta de espacios laborales, están por encima de la competencia técnica y el profesionalismo. Esta dinámica minó la eficiencia y la objetividad de la administración pública, lo que se tradujo en una disminución en la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado.

Consecuencias del debilitamiento institucional

La captura de las instituciones judiciales, generó una percepción generalizada de falta de imparcialidad en los procesos judiciales. Esto minó la confianza ciudadana en el sistema judicial, provocando un aumento en la sensación de injusticia y de que las leyes no se aplican de manera equitativa. En consecuencia, muchos ciudadanos ven el sistema judicial como corrupto y manipulado, lo que debilita la legitimidad de este órgano delEstado.

La cooptación del poder judicial implica un trato desigual ante la ley, donde los adversarios políticos del MAS y los movimientos sociales contrarios al gobierno fueron frecuentemente perseguidos judicialmente, mientras que los aliados del gobierno gozaban de impunidad. Esto exacerba la sensación de injusticia y desigualdad en la sociedad, minando uno de los pilares fundamentales de la convivencia social y la paz.

La concentración de poder y la falta de contrapesos genuinos socavaron la democracia en Bolivia. La idea de alternancia en el poder fue desvirtuada por las maniobras para perpetuar la presencia de Evo Morales y del MAS en el gobierno. Este proceso erosionó la capacidad de las instituciones para defender los principios democráticos y permitió la consolidación de un gobierno con tendencias autoritarias. La democracia se convirtió más en una formalidad que en un ejercicio real de poder compartido y limitado.

La falta de independencia de las instituciones de control, facilitó el crecimiento de la corrupción. La politización de estas entidades redujo su capacidad de fiscalizar de manera efectiva a los funcionarios públicos y las actividades gubernamentales, lo que permitió un manejo discrecional de los recursos del Estado y el uso de estos en beneficio del partido y sus intereses.

Impacto en la gobernabilidad, la democracia y la paz social

El debilitamiento institucional, generó una gobernabilidad basada en la concentración de poder más que en la construcción de consensos o la gestión eficiente de las políticas públicas. Esto produjo una gobernabilidad frágil, dependiente de la figura de Evo Morales y el control del MAS sobre instituciones claves. La falta de mecanismos democráticos reales para resolver conflictos políticos y sociales, derivó en la imposición de decisiones desde el poder, estimulando la conflictividad social.

Por otra parte, la percepción de que las instituciones no actúande manera imparcial, sino como instrumentos del partido en el poder, erosionó la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. Esto genera un sentimiento de frustración y desafección política en la población, lo que a su vez debilita la participación ciudadana y la confianza en los procesos electorales.

Todo lo anterior, referido a la erosión de las instituciones y la falta de mecanismos legítimos para resolver disputas políticas llevaron a episodios de alta conflictividad social. Un ejemplo clave fue la crisis política de 2019, cuando la falta de confianza en el sistema electoral y la percepción de fraude en las elecciones presidenciales, desencadenó una ola de protestas masivas. Estas tensiones derivaron en enfrentamientos violentos y polarización social, poniendo en riesgo la estabilidad del país.

La concentración del poder en una figura o partido a expensas del fortalecimiento institucional puede generar un ciclo de inestabilidad política a largo plazo. A medida que los gobiernos pierden legitimidad y la confianza en las instituciones disminuye, aumenta la probabilidad de conflictos sociales y políticos que desestabilicen el país. El debilitamiento institucional, lejos de promover la paz, puede aumentar el riesgo de enfrentamientos y crisis recurrentes.

En conclusión, el proceso de desinstitucionalización en Bolivia bajo el gobierno del MAS, ha tenido efectos profundamente negativos en la gobernabilidad, la democracia y la paz social. La concentración de poder, la politización de las instituciones y la falta de contrapesos han debilitado la capacidad del Estado para actuar de manera imparcial y efectiva. Como resultado, el país enfrenta una crisis de legitimidad y confianza que ha alimentado la polarización y los conflictos sociales. Revertir este proceso y fortalecer las instituciones es una tarea ineludible de la sociedad boliviana para garantizar la estabilidad, la democracia y el desarrollo.