En la resolución de los jueces Luis Alberto Imas, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Nicolás Toselli, que fue publicada en el cierre de la semana pasada, los magistrados del TOC 1 de Mar del Plata resolvieron "disponer la suspensión del proceso por incapacidad mental sobreviniente respecto de Walter Jorge Grosse" y "ordenar la inmediata libertad del nombrado en la presente causa".

Asimismo se dispuso "requerir al Cuerpo Médico Forense la elaboración de controles periódicos semestrales a fin de controlar la evolución de su estado de salud"; medida que también se dictó en el fallo del pasado 6 de mayo, y que en ese momento fue acompañada por la Comisión por la Memoria Olavarría. "Si consideramos que la situación es real, no vamos a hacer ninguna presentación; en el caso de que tengamos alguna duda de que pueda estar fingiendo la haremos", expresó semanas atrás a EL POPULAR Carmelo Vinci, quien recordó lo sucedido con Argentino Alberto Balquinta, quien había presentado un recurso, la Justicia hizo lugar a la presentación y a los días lo volvieron a detener porque su estado de salud no era el que se había manifestado en la requisitoria.

La suspensión del proceso en el marco de la causa Monte Peloni II, por la que Grosse fue condenado a 22 años de prisión en septiembre de 2019, fue presentada por los abogadores que asisten al genocida, los doctores María Laura Olea y Gerardo Ibáñez. Los letrados pusieron en consideración que "los peritajes elaborados por el Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional fueron contestes en evidenciar que carecía de capacidad suficiente para estar en juicio", y además se ampararon en fallos previos, como el de principios de mayo.

En este sentido se refirió que los fiscales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi acompañaron "el pedido de la defensa para que se decrete la incapacidad sobreviniente de Grosse ‘de forma provisoria, hasta que pueda llevarse adelante un examen presencial que abarque todas las especialidades médicas involucradas en su diagnóstico’".

Se menciona además que los especialistas en psiquiatría y psicología del cuerpo médico oficial "reportaron unánimemente que Grosse mostró atención de forma inestable, memoria con fallas globales (...) y contenido ideico que reveló un deterioro cognitivo que por momentos hace a su pensamiento desorganizado e incoherente, intentando razonamientos lógicos que sucumben con la fatiga y las fallas amnésicas severas y evidenciando una capacidad judicativa debilitada".

Los especialistas concluyeron que "las facultades mentales de Walter Jorge Grosse no encuadra[ban] dentro de los parámetros de normalidad", por lo que carecía de "autonomía psíquica suficiente como para comprender y dirigir sus acciones".

Antecedentes

En la misma resolución los jueces Imas, Machado Pelloni y Toselli expusieron que "la magnitud del deterioro cognitivo reportado por los especialistas, imposibilita al encausado participar debidamente en virtualmente cualquier instancia del proceso". Mencionaron así que esta circunstancia "se ve probada por el hecho de que fue suspendido tanto en las causas que se le seguían en etapa instructoria, como aquella que se encontraba en la faz de ejecución", en relación a la medida del pasado 6 de mayo.

En este contexto indicaron que "la solución adecuada (...) no puede ser otra que la de homologar la solución propuesta por las partes y decretar la suspensión del proceso a su respecto. Con todo, no descartamos, por la dinámica propia de la salud, la posibilidad de reevaluar su situación en el futuro, disponiendo al efecto la realización de evaluaciones semestrales".

Similares argumentos habían expuesto los jueces Machado Pelloni, Toselli y Roberto Atilio Falcone en la resolución de principios de mayo, en esa oportunidad cuando se presentó el mismo pedido por parte de los defensores particulares de Grosse por la causa Monte Peloni I, proceso judicial que se llevó adelante en el Campus Universitario de Olavarría y en el que fue condenado a la pena de prisión perpetua.

Luego de que EL POPULAR revelara ese fallo que disponía la liberación de Grosse, quien hasta ese momento gozaba del beneficio del arresto domiciliario, Carmelo Vinci refirió a este Diario que "nosotros como víctimas, y los organismos de derechos humanos también, opinamos que los represores deben cumplir toda su condena en cárceles comunes. Las cárceles no deben ser para castigo, y si en este momento por las pericias que se hicieron -a las que no tuvimos acceso- el tipo no está consciente de lo que es estar preso, para qué va a estar preso".