Aferrada al fallo de pocas hojas que recién le entregaron ayer, y con lágrimas de bronca, indignación y tristeza, Margarita relató cómo cerró la causa que inició hace más de ocho años, luego de que se enterara de que su hija, hoy mayor de edad, había sido víctima de un caso de abuso sexual. Desde ese entonces se puso al frente de la lucha para conseguir justicia, tanto en el ámbito penal como en el civil, aunque las respuestas que consiguió no fueron las que esperaban.

"La justicia te revictimiza. No lo quería colgado en la plaza, quemado en la hoguera, solo quería que mi hija tuviera justicia", manifestó ayer Margarita a EL POPULAR acompañada por la presidenta de la Asociación Civil Animate, Liliana Cuenca. "Seguimos con los juicios abreviados, evidentemente la justicia no escucha a las sobrevivientes y este es un caso más en el cual la fiscal hizo lo que quiso, no le dio ni voz ni voto a una sobreviviente", indicó Cuenca.

Además de cuestionar la dinámica de los juicios abreviados, principalmente en causas por delitos vinculados a la integridad sexual, a raíz de que son procesos en los que no se da intervención a las víctimas o sus representantes, desde Animate criticaron que en la etapa de juicio no participa el mismo agente fiscal que realizó la investigación. "La verdad que las pone mal a las chicas, estaría bueno que la misma fiscal que investiga sea la que esté en el día del juicio, es lo que no se está cumpliendo", refirió Cuenca.

Fernández, de 50 años, fue condenado por el juez Martín Eugenio Céspedes, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul, a la pena de tres años de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual simple reiterado agravado por ser cometido por ascendiente y contra una menor de 18 años de edad, aprovechando la situación convivencia preexistente con la misma".

La pena fue impuesta en el marco de un juicio abreviado que fue acordado entre Fernández, su abogado particular, el doctor Sergio Roldán, y el fiscal azuleño David Carballo.

En la resolución, a la que tuvo acceso EL POPULAR, se agregó que el acusado deberá comunicar cualquier cambio en su domicilio, no cometer nuevos delitos, someterse al control del Patronato de Liberados de Olavarría y se le prohibió de forma absoluta de mantener todo tipo de contacto y por cualquier medio con la víctima.

Sobrevivientes revictimizadas

"En este momento puedo estar en paz con mis hijas pero significa mucho dolor el traspaso de ocho años, en el cual me tuve que parar sola y después con equipo, con gente, mientras vos vas sosteniendo a otras víctimas de esto. Porque somos sobrevivientes, pero volvemos a ser víctimas. Porque ellos hablan de una situación de que no quieren que seamos revictimizadas, sin embargo lo están haciendo", expresó Larsen sobre el accionar de la justicia.

La mujer, quien dio a conocer el fallo el pasado 19 de noviembre en las jornadas que se realizaron en el Paseo Jesús Mendía, cuestionó además el informe que meses atrás una perito psicológa del Departamento Judicial de Azul hizo sobre su hija. En el mismo refiere que "mi hija se pudo parar, que pudo armar una familia, que desde una posición subjetiva está parada desde otro lugar, y sugiere la no realización del juicio oral ya que su situación psicológica actual está resuelta".

Larsen se preguntó además "¿cómo puede ser que nosotras estemos golpeando la puerta para conseguir esto?", en relación al fallo del TOC 1 de Azul. "Yo lo pude conseguir porque lo puedo decir, porque lo puedo manifestar, porque puedo estar parada, muchas personas no. Lo que trato de hacer es que todo esto no les pase a otras personas, a los niños sobre todo. Yo siempre digo que estoy por las infancias, porque realmente institucionalmente estamos dejadas de lado, es como que todavía molestamos", agregó.