Silvana Melo

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Cada año 60 mil nuevos hogares se suman al problema del déficit de viviendas que sufre la Argentina. Y que se traduce en uno de los nudos sociales más profundos y complejos de desatar. Son casi tres millones y medio de personas sin casas y seis millones con techos lejanos de la dignidad. Entre 2001 y 2010 subió en cinco puntos la cantidad de inquilinos (surge de la comparación entre ambos censos), lo que implica que el acceso a la vivienda disminuye a pesar de la buena evolución de los parámetros sociales en los últimos diez años. El economista Orlando Ferreres -ex funcionario menemista y defensor de la convertibilidad- cuenta la cantidad de sueldos (a valor dólar) que hacen falta hoy para llegar a comprar una casa (70) y los que se necesitaban en 1994 (40). Aunque el dato no signifique en absoluto que esta Argentina sea peor que aquella del desguace del Estado.

El plan Procrear es el último intento desde el Estado para llegar a una clase media popular sin esperanza de acceder a una casa propia. Antes aparecieron planes de emergencia habitacional, federales (desde las estructuras gubernamentales) o los barrios sindicales. Unos tantas veces truncos por razones políticas y otros (tantas veces también) truncos por malas praxis. En todos los casos el pato fue abonado religiosamente por aquellos que tienen muy poco. Casi nada.

En Olavarría casi 500 viviendas están en construcción o por construirse a través de ese plan. Y otro tanto tratan de refaccionar casas que ya no alcanzan para una familia que aumentó o a las que el tiempo ha derruido hasta la indignidad. Pero el déficit habitacional de la ciudad trepa a 4.000 techos. Y quedaron atrás las promesas de mil viviendas que, desde el gobierno nacional, deslumbraron a José Eseverri para mantenerlo dentro del Frente para la Victoria en tiempos rudos y complejos.

Según el censo 2010, la población argentina se conforma con unos 12 millones de hogares. El 60% integra la clase media, en su amplio abanico social: media baja, media típica y media alta.

En 2011, una encuesta realizada para la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) determinó que el 60% de los hogares quieren comprar una vivienda por primera vez o cambiar la que habitan pero no logran hacerlo. La relación de los ingresos y el costo de las casas es la causa fundamental. Principalmente porque no es posible acceder a un crédito hipotecario pagable, a una cantidad de años que reduzca las cuotas y con un interés que no se convierta en usura como sucede con los créditos bancarios.

Por otro lado, la vivienda precaria o de deficiente calidad afecta al 30% más pobre (medio millón se sostiene dentro de viviendas irrecuperables). Lo que implica que casi la mitad de los hogares tiene algún tipo de problemas en sus casas. En diez años (de censo a censo) se duplicó la población de las villas y asentamientos precarios y en veinte años se cuadriplicó. Nada de eso es casual.

Sueldos

Orlando Ferreres fue funcionario del Ministerio de Economía durante la presidencia de Carlos Menem y es un miembro conspicuo de los grupos económicos de poder. Hecha la salvedad, Ferreres ofrece otra medida para estudiar la posibilidad de acceso a la vivienda de los asalariados.

Justamente, ha analizado, desde 1994, cuántos sueldos se necesitan para comprar una casa o departamento de 50 m2 (dos ambientes con baño y cocina). Por supuesto que el parámetro es el valor dólar y no determina un bienestar en 1994 que implique un presente peor.

En 1994 el acceso a un inmueble de esas características, en capital federal, necesitaba de 40 sueldos. La convertibilidad (1 a 1 el peso y el dólar) le permite a Ferreres decir que "la cifra fue bajando en la década del 90, donde se estabilizó el costo de la construcción y los sueldos también crecieron de u$s 300 por mes para el salario bruto sujeto a aportes para un empleado u obrero en una empresa formal en la década de los 80, hasta los u$s 1100 por mes hacia fines de los 90". Hoy el costo de una vivienda implica entre 70 y 80 sueldos. La sobrevaluación en dólares de los inmuebles y la inflación complica enormemente el acceso a través de un salario.

El Procrear aspira a unas 200 mil viviendas para fin de año. Un aporte importante pero sumamente insuficiente. Quedan más de tres millones de personas con graves problemas habitacionales. Y no se ha logrado instrumentar una política de Estado confiable y que se extienda en el tiempo para que la incertidumbre de tantos se convierta en una pequeña certeza de futuro.