Según se sostuvo en la resolución de la Cámara Penal de Azul que liberó al imputado, la decisión de interrumpir la vigencia de la medida cautelar "encuentra sustento en que en autos no se han reunido, ni siquiera mínimamente, elementos de juicio suficientes para sostener que se encuentra justificada la existencia del delito que le fuera atribuido" a este empleado rural cuando una Jueza de Garantías, a pedido del Fiscal a cargo caso, le dictara la prisión preventiva en julio pasado.

Además, esa considerada falta de elementos a la que aludieron los camaristas "lleva a que tampoco pueda afirmarse la probable autoría del causante".

En la denuncia se acusaba al hombre de golpear y someter a graves castigos a sus hijos.

La decisión pertenece a los jueces José Luis Piñeiro y Eduardo Uhalde, que hicieron lugar a la apelación presentada por el abogado Walter Gamón, ordenando la "inmediata libertad" del encausado "por falta de mérito para continuar detenido en orden al delito de reducción a la servidumbre continuado reiterado -cuatro hechos- que en la presente causa se le imputara", esa decisión no implica que la instrucción del sumario penal iniciada por el fiscal Luis Surget se interrumpa.

En esa investigación, el funcionario judicial titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 aún espera poder tomarles respectivas declaraciones testimoniales a dos menores más hijos del imputado que también son considerados víctimas de este caso de violencia familiar.

Hasta el momento, después de que ambos fueran remitidos a un Hogar de esta ciudad cuando el padre había sido detenido en un establecimiento rural de Cacharí donde trabajaba y vivía con ellos, esos menores no estaban en condiciones de poder declarar a través de la Cámara Gesell, según habían concluido especialistas que pudieron entrevistarse con los dos, uno de los cuales es un varón de 17 años y la otra, una nena de 11.

Según escribió el juez Piñeiro en la resolución, la decisión de interrumpir la vigencia de la medida cautelar "encuentra sustento en que en autos no se han reunido, ni siquiera mínimamente, elementos de juicio suficientes para sostener que se encuentra justificada la existencia del delito que le fuera atribuido" a este empleado rural cuando una Jueza de Garantías, a pedido del Fiscal a cargo caso, le dictara la prisión preventiva en julio pasado.

Además, esa considerada falta de elementos a la que aludieron los camaristas "lleva a que tampoco pueda afirmarse la probable autoría del causante".

Asimismo, una serie de cuestiones indicadas en la resolución son las que hicieron que los jueces Piñeiro y Uhalde dejaran sin efecto la prisión preventiva, aunque "sin perjuicio de lo que pueda surgir de una mejor investigación en que se tengan en cuenta las declaraciones de los otros niños", se indicó en lo resuelto hace cuatro días.

El fiscal a cargo del caso espera poder contar en los próximos días con los testimonios de dos de los hijos del imputado. Y si esas versiones confirman lo que hasta el momento el funcionario judicial sostiene, no se descartaba ayer que Surget vuelva a solicitar que el padre de esos menores regrese a prisión.