En un fallo que genera un fuerte impacto en el ámbito gremial, la Justicia Federal ordenó este miércoles devolver el control de la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) al gremio, tras dejar sin efecto el decreto presidencial que había dispuesto su intervención. La medida había sido tomada por el presidente Javier Milei en el marco de una presunta crisis financiera de la entidad, pero ahora se ha visto anulada por irregularidades en el proceso administrativo.

El juez que dictó el fallo consideró que la Superintendencia de Servicios de Salud, dirigida por Gabriel Gonzalo Oriolo, no presentó fundamentos sólidos para la intervención y actuó de manera apresurada. Según la resolución judicial, la Superintendencia había dado un plazo hasta el 22 de agosto para responder a ciertos requerimientos, pero decidió intervenir la obra social el 5 de agosto, sin esperar las respuestas correspondientes.

El líder de UATRE, José Voytenco, fue quien presentó la denuncia que llevó a esta decisión. Voytenco alegó que el informe contable presentado por la Superintendencia no coincidía con la realidad de las finanzas de la obra social, las cuales, según un análisis preliminar, mostraban un saldo positivo y una reducción en las deudas. Además, las cifras sobre la situación prestacional y el nivel de litigiosidad, utilizadas como argumento para la intervención, también fueron cuestionadas por el juez, quien consideró que estaban infladas.

El fallo también implica la apertura de una investigación sobre funcionarios libertarios y el diputado nacional Pablo Ansaloni por presunta asociación ilícita y tráfico de influencias en el manejo de la intervención. La Justicia ha solicitado al superintendente Oriolo que presente todos los informes en los que basó su decisión, y mientras tanto, se ordenó la suspensión preventiva de la resolución que había dispuesto la intervención.

Este fallo no solo revierte la decisión del Gobierno, sino que también pone en cuestión la transparencia y la legalidad del proceso llevado a cabo por la Superintendencia de Servicios de Salud. La situación se convierte así en un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y los gremios, que ven en esta decisión judicial un respaldo a sus denuncias sobre intervenciones arbitrarias y sin fundamentos sólidos.

La devolución del control de la obra social a UATRE representa una victoria significativa para el gremio, mientras que la investigación sobre los funcionarios involucrados podría generar nuevas tensiones políticas en el seno del Gobierno.