En un hecho inédito, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo del litigio por la expropiación de la petrolera YPF, ordenó que Argentina entregue correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y comunicaciones en otras plataformas pertenecientes a varios funcionarios y exfuncionarios del país. Entre los mencionados se destacan el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros.

La solicitud se originó en el marco del juicio que enfrenta el Estado argentino por la estatización de la mayoría de las acciones de YPF, proceso que llevó a una condena multimillonaria de 16.100 millones de dólares a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park. Estos fondos adquirieron los derechos de litigio tras la expropiación de las acciones que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Intentos de vincular a YPF con el Estado argentino

El pedido de la jueza Preska tiene como objetivo sustentar el argumento de los demandantes de que YPF no ha funcionado como una Sociedad Anónima (S.A.) independiente, sino como una entidad controlada por el Estado argentino, lo que la convierte en su "alter ego". Según esta teoría, YPF habría operado siguiendo objetivos políticos, en lugar de actuar como una compañía privada.

Este enfoque es clave para los demandantes, ya que intentan volver a incluir a YPF en el caso y así buscar el embargo de sus activos. En los últimos meses, la condena de 16.100 millones de dólares se ha incrementado con intereses que ya suman alrededor de 900 millones, lo que hace inviable para el Estado nacional enfrentar estos pagos.

Funcionarios bajo la lupa

Entre los funcionarios y exfuncionarios cuyos correos y mensajes se solicitan figuran:

  • Sergio Massa, actual ministro de Economía.
  • Santiago Caputo, asesor presidencial y hermano del exministro Luis Caputo.
  • Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía.
  • Guillermo Michel, exdirector de la Aduana y cercano a Massa.
  • José Ignacio de Mendiguren, exsecretario de Industria.

La jueza Preska solicitó que se revisen estas comunicaciones para investigar si desde el gobierno se influyó o manipuló el precio de los combustibles en beneficio de objetivos políticos y en detrimento de la autonomía de YPF.

Estrategias de los demandantes

Consciente de las dificultades que enfrenta el Estado argentino para cumplir con la millonaria condena, Burford Capital intenta consolidar su argumento de que YPF es una extensión del gobierno y no una empresa privada independiente. Si logran probar esto, podrían solicitar el embargo de los activos de YPF para garantizar el cobro de la deuda.