La Justicia está investigando a Victoria Tolosa Paz en el marco de la llamada “Causa Guardapolvos”, que involucra presuntas maniobras irregulares en la contratación de cooperativas.
El juez Julián Ercolini modificó la carátula del expediente y ordenó incluir a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como principal acusada en el caso de presunta "defraudación contra la administración pública". Esto surge en el marco de la investigación de la "Causa Guardapolvos", donde se indagan posibles irregularidades en la contratación de cooperativas.
En las últimas horas, la "Causa Guardapolvos" ha registrado avances importantes. El juez federal Julián Ercolini ordenó recaratular el expediente número 1268/2024, investigando delitos de "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita", e incluyó como principal sospechosa a la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Esta decisión se tomó semanas después de una serie de allanamientos a cooperativas acusadas de recibir más de $5.000 millones para la confección de guardapolvos escolares, que presuntamente no fueron entregados.
La causa, impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, comenzó tras una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Una auditoría interna reveló que 33 cooperativas habían sido contratadas durante la gestión de Tolosa Paz para producir un millón y medio de prendas. Ercolini está investigando si, como sostienen funcionarios de La Libertad Avanza, se entregó menos de la mitad de los guardapolvos acordados, mientras que el 80% del dinero ya habría sido cobrado, según una presentación realizada por la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el director general de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano.
La investigación se enfoca en la contratación de estas cooperativas durante el mandato de Tolosa Paz en el ex Ministerio de Desarrollo Social, bajo la administración de Alberto Fernández, para confeccionar los guardapolvos destinados a menores en situación de vulnerabilidad. Desde el 14 de agosto, se están analizando documentos y dispositivos electrónicos incautados en las 33 cooperativas y en domicilios relacionados. También se realizaron inspecciones en los talleres de costura para evaluar su capacidad productiva, ya que se sospecha que las cooperativas no tenían los recursos necesarios para cumplir con el contrato financiado con fondos públicos.