El Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los delitos de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional contra los detenidos por la protesta de los barras bravas. Además, exigió la remoción de la jueza Karina Andrade, quien había ordenado la liberación de todos los arrestados. Los incidentes ocurrieron durante una marcha organizada en apoyo a los jubilados que se desvió en violencia, con participación de barras bravas, políticos y sindicalistas. Se identificaron grupos de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros, y al exlíder de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría respaldado la manifestación desde España.

La protesta derivó en agresiones con armas blancas, incendios, ataques a la policía y daños a bienes públicos, dejando catorce policías heridos. Además, civiles y periodistas fueron afectados, como el fotógrafo Pablo Grillo, herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno. La denuncia también critica el accionar de la jueza Andrade, quien habría liberado a más de cien detenidos sin revisar pruebas o antecedentes penales.

La denuncia resalta la vinculación política, sindical y barrabrava de los involucrados, con acusaciones de que el dirigente Leandro Capriotti y actores políticos locales habrían financiado las movilizaciones. Se argumenta que estos grupos buscaron desestabilizar al gobierno de Javier Milei y que los actos de violencia formaron parte de un plan premeditado. La denuncia se fundamenta en el Código Penal, citando la Ley Antimafias, y pide que se inicie una investigación federal, además de la inhibición de la jueza.