Con la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la Ley Antimafias en Argentina, una reforma penal que endurece las penas para miembros de bandas criminales, amplía la capacidad investigativa de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y permite detenciones por averiguación de delito. La norma se inspiró en la Ley RICO de EE.UU. y la legislación antimafia de Italia.

La Ley 27786 define a las organizaciones criminales como grupos de al menos tres personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves en áreas geográficas específicas. Su aplicación implica penas más severas, que pueden superar los 50 años de prisión, y un nuevo tipo penal distinto de la asociación ilícita, con carácter mafioso.

Entre los 56 delitos incluidos se encuentran homicidio, secuestro extorsivo, cohecho, robo, pornografía infantil, trata de personas, tráfico de órganos y tenencia de armas. Un punto clave es que cada integrante puede ser condenado por el peor delito cometido por la organización, aunque no haya participado directamente. Además, las penas se duplican y acumulan.

Otro cambio relevante es que se permite la detención de una persona entre 48 horas y 30 días en investigaciones preliminares con autorización del fiscal. También se habilita el decomiso anticipado de bienes presuntamente vinculados a delitos, que pasarán al Estado hasta que haya una resolución judicial definitiva.

La ley establece la posibilidad de declarar zonas sujetas a investigación especial, las cuales podrán comprender ciudades enteras y, en caso de delitos bajo jurisdicción provincial, requerirán autorización del Ministerio Público Fiscal y el gobernador o jefe de Gobierno local para su traspaso a la Justicia federal.