El día 18, en plena temporada de verano, Fernando Báez Sosa fue asesinado en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique. Tenía 18 años y estudiaba Derecho en la UBA.

Por el crimen de Fernando, diez rugbiers de la localidad de Zárate, fueron detenidos. Sin embargo, dos de ellos, Juan Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), fueron los únicos que recuperaron la libertad. Estaban imputados sin prisión preventiva por considerarlos "partícipes necesarios".

Según el testimonio de los testigos, a Fernando lo golpearon en el piso en reiteradas ocasiones. Tras meses de investigación, en noviembre la fiscal Verónica Zamboni solicitó que ocho rugbiers que permanecen detenidos en el la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, sean sometidos a juicio por "homicidio agravado por su alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21). Podrían ser condenados a la máxima pena: perpetua.

Febrero: evitando el default y a negociar con acreedores

En el inicio del segundo mes del año, el gobernador Axel Kicillof confirmó el pago de la totalidad del vencimiento del bono BP21 para evitar entrar el default y anunció la reestructuración de toda la deuda provincial en moneda extranjera "en consonancia" con la estrategia del Gobierno nacional.

Con ese pago y fuertes críticas a la gestión de María Eugenia Vidal, Kicillof evitó que la Provincia entre oficialmente en default. Y además empezó un camino para reestructurar la deuda en moneda extranjera, algo que llegó a fin de año sin solución.

De hecho, hacia diciembre, el Ministerio de Hacienda y Finanzas extendió por décima vez la renegociación hasta el 4 de enero de 2021. Se trata del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles bajo legislación externa por nuevos bonos, que disponen mejores condiciones para que la Provincia enfrente sus obligaciones inmediatas, tales como un plazo de gracia, la extensión del pago y la quita de intereses. Con esa nueva prórroga, la Provincia extendió diez veces el plazo de reestructuración de la deuda por 7.148 millones de dólares que mantiene con acreedores externos.

Marzo: el inicio de la pandemia interminable

El domingo 15 de marzo, el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la suspensión de las clases en todas las escuelas del país hasta el 31 de marzo, el cierre de fronteras y la licencia para mayores de 65 años como medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.

A partir de allí se fueron sucediendo anuncios en torno a la estrategia de los contra el Covid 19, como fue el del día 17 por parte de los intendentes bonaerenses de ciudades turísticas que no dejaron ingresar a viajeros durante el fin de semana largo y cancelaron toda actividad relacionada con el sector.

El 20 se cumplió la primera jornada del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para mitigar el avance de la pandemia con altísimo acatamiento. El 23 se confirmó el primer caso de transmisión comunitaria, mientras el Gobierno nacional decidió otorgar una ayuda especial de $ 10.000 a monotributistas, trabajadores informales y empleadas domésticas, cuya actividad se ve afectada por el parate general provocado por la cuarentena.

Abril: Covid, presos y excarcelaciones en la mira

Mientras avanzaba la pandemia en la provincia de Buenos Aires, el debate se trasladó al sistema carcelario y las prisiones domiciliarias desataron una fuerte interna.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense dispuso ordenar el arresto domiciliario de todos los presos "en riesgo de contagio por coronavirus" alojados en las cárceles del territorio. En principio, se calculó que esa media beneficiaría a unos 800 internos procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.

Frente a esta medida, hubo una fuerte presión de diversos sectores de la política, principalmente la oposición al Gobierno para que se revea la medida que, en concreto, tenía que ver con una resolución de la Justicia. Mientras que el ministro de Seguridad Sergio Berni pidió que los presos sigan en las cárceles, su par de Justicia, Julio Alak, negó "categóricamente" la existencia de un "plan" para liberar a presos de las cárceles.

Lo cierto es que de acuerdo a las cifras oficiales, y mientras hubo una serie de motives para pedir la excarcelaciones, entre el 17 de marzo y el 17 de abril, 439 internos pasaron a cumplir su condena en domicilios por pertenecer al grupo de riesgo.

El conflicto se extendió hasta principios de mayo, cuando la Suprema Corte de Justicia suspendió el hábeas corpus colectivo que impulsó los pedidos de libertad y arrestos domiciliarios de cientos de presos.

Mayo: los primeros cortocircuitos Provincia-Ciudad

A mediados de mes, desde el Gobierno bonaerense empezaron a tomar distancia de la estrategia y la mirada sobre la pandemia de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de la advertencia que formuló el gobernador Axel Kicillof respecto del origen porteño del aumento de casos de coronavirus, su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak enfatizó la "preocupación" por el impacto de la apertura comercial en ese distrito, mientras que un grupo de intendentes del Conurbano del oficialismo, blanqueó su enojo con Rodríguez Larreta, a quien le pidieron que dé marcha atrás.

Sin embargo, quien eligió contestar en principio fue el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que relativizó el incremento en el ritmo del aumento de casos.

Mientras que los positivos se incrementaron en diversos barrios populares, Kicillof anunció controles "casa por casa" para detectar y aislar casos. La presión de Alberto Fernández y un nuevo anuncio de la extensión de la cuarentena en el AMBA hicieron que la Ciudad dé marcha atrás con la apertura de los grandes centros comerciales.

Junio: Berni vs. Frederic, primer round

Si bien desde inicio de año hubo tensión entre Sergio Berni y Sabina Frederic por el "manejo" de la política de seguridad, el ministro bonaerense golpeó fuerte este mes por la "falta de apoyo del Gobierno nacional" a su gestión.

"Estamos solos ante la crisis", dijo. "No tengo ningún apoyo del ministerio de Seguridad de la Nación. Nada. Y no importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el Gobierno de no asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla", se quejó Berni.

"Hay que salir de la queja y llevar tranquilidad a la gente", respondió Frederic.

En julio, en tanto, y en medio de las largas colas por el primer día del endurecimiento de los controles en la zona metropolitana, el ministro de Kicillof irrumpió en un operativo en puente La Noria y se mostró muy molesto al ver la ubicación de los retenes y las demoras de tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Con el correr de los meses, la toma de tierras, el uso de pistolas Táser y las cifras de inseguridad también los enfrentaron.

Julio: Astudillo Castro, desaparición y dudas

Facundo Astudillo Castro desapareció cuando se dirigía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca el 30 de abril, en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la madre se presentó a principios de junio en la comisaría 2° de Villarino para realizar una denuncia por "averiguación de paradero".

Recién en julio el caso empezó a ganar espacio en los medios. El día 9, la Justicia Federal tomó el caso a su cargo, recaratuló la causa como "Desaparición forzada" y separó a la Policía Bonaerense de la investigación. Aunque el ministro de Seguridad, Sergio Berni, defendió desde un principio el accionar de la fuerza y dijo que no había ninguna evidencia de la responsabilidad de la Policía.

El 15 de agosto, un pescador denunció el hallazgo de un cuerpo en la zona de "Cola de Ballena", en Villarino Viejo. Según los primeros datos, se trataba de un cadáver esqueletizado.

Recién a principios de septiembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregó los resultados de ADN a la jueza y confirmó que los restos hallados pertenecían a Facundo. Según los estudios, el joven murió por "asfixia por sumersión (ahogamiento)", y los restos óseos no presentaron "lesiones vitales de origen traumático".

Agosto: suba de casos y contramarchas

Mientras que desde el Gobierno nacional alertaron sobre un "salto importante" en la ocupación de camas de terapia intensiva, en el Gobierno de Axel Kicillof le pusieron cifras a la situación y encendieron la luz de alerta frente a la pandemia de coronavirus y lo que podía pasar en los siguientes días. En un solo día se ocuparon 209 camas críticas, lo que encendió la luz de alarma.

Hacia el día 28, el presidente Alberto Fernández anunció la habilitación de las reuniones de hasta 10 personas en la nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que se extendió hasta el 20 de septiembre, pero la Provincia no adhirió a la medida.

Septiembre: las botas se hicieron escuchar

En medio de las críticas y los ruidos internos por el aumento de hechos de inseguridad y la toma de terrenos, el presidente Alberto Fernández encabezó junto a Axel Kicillof la presentación de un plan de seguridad para el Conurbano. La inversión anunciada era de $ 38 millones.

Sin embargo, eso no frenó el malestar de un sector de la Policía que el día 7 a la noche salió a protestar en las calles de varias ciudades de la provincia. Rápidamente el Gobierno de Kicillof anunció un aumento salarial, pero los reclamos no cedieron y se extendieron a ciudades del interior.

El día 10 el Gobierno dio precisiones de las subas salariales, un día después que el Presidente anunciara que quitará, vía un decreto, un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y se lo otorgará a la provincia. Frente a este panorama, el conflicto con los efectivos se fue diluyendo, aunque Horacio Rodríguez Larreta comenzó una batalla judicial para frenar el recorte.

Octubre: Guernica llegó a su final

Hacia fin de mes llegó al final el conflicto que mantuvo en vilo al Gobierno provincial durante varias semanas. Se trató de la toma de un predio en Guernica de 200 hectáreas que había empezado el 20 de julio con unas 2000 familias que llegaron al lugar.

Tras idas y vueltas y postergaciones judiciales, la Policía desalojó el día 29 el terreno, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 35 personas. El procedimiento fue encabezado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y hubo algunos enfrentamientos con los manifestantes.

Kicillof, con un plan de reubicación de sus habitantes, logró resolver con cierto éxito la toma de tierras más grande del país. Sin embargo, ese conflicto despertó cruces con la oposición que pidió más firmeza con otras tomas.

Noviembre: chau ASPO, bienvenida DISPO

El día 6 del mes, el presidente Alberto Fernández confirmó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a la fase de distanciamiento, social preventivo y obligatorio (DISPO) ante la baja de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, lo que implicó un cambio importante en la apertura de actividades y la circulación de personas.

Tras siete meses, se dio por finalizada la fase de aislamiento (ASPO) en el Gran Buenos Aires, aunque diez distritos del interior, donde el virus siguió pegando con fuerza, permanecieron en la fase más restrictiva.

En este marco, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba) aseguró que desde el comienzo de la cuarentena se triplicó la cantidad de locales vacíos en la provincia de Buenos Aires, y 1 de cada 3 locales de los principales centros comerciales tiene las persianas bajas.

Diciembre: Kicillof con Presupuesto propio

Tras un acuerdo del Frente de Todos con la oposición de Juntos por el Cambio que tuvo su pieza clave en los fondos para obras en los municipios, la Legislatura transformó hacia fin de mes en Ley el proyecto de Presupuesto bonaerense 2021, que será el primero elaborado por la administración de Axel Kicillof, y también la ley impositiva.

La iniciativa prevé erogaciones totales por $1.9 billones, una autorización para tomar deuda por unos $ 65 mil millones (que se prevé que tenga que ser ampliada durante el año), partidas por $ 174 mil millones para obras públicas y un topo del 32% de aumento para el 99% de las partidas de impuestos patrimoniales, entre otras variables.

Para destrabar el proyecto resultó clave el capítulo de los fondos para que los municipios realicen obras definidas por ellos mismos, en el año electoral. (DIB)