Según informó Ecos Diarios, así trascendió en esferas del máximo tribunal y entre los ediles que formaron parte de la comisión investigadora que llevó adelante el análisis de las supuestas irregularidades administrativas que derivaron en la destitución del ex jefe comunal del Frente para la Victoria.

En la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, que fuera la responsable de recolectar las pruebas, tanto por la parte acusatoria (el Concejo Deliberante), como por la defensa de Tellechea, se tomó conocimiento que desde el 20 de mayo pasado están corriendo los plazos determinados por el artículo 264 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y los autos están para sentencia, debiendo resolver el conflicto en el plazo improrrogable de 60 días. En caso de transcurrir esa fecha (entre el 8 y el 15 de septiembre) sin que hubiera sentencia, la resolución del Concejo Deliberante se hará ejecutoria y quedará firme la destitución.

No obstante, se afirmó que podría haber una definición antes de septiembre, dado que a mediados del mes próximo es cuando vencen los plazos.

Posteriormente, según el artículo 123º de la LOM, es el Poder Ejecutivo (el gobernador Daniel Scioli, en este caso) el encargado de convocar a los comicios en un plazo que no sea mayor a los 150 días de registrada la destitución.

La mencionada ley señala que el mandato de quien resultare elegido se extenderá hasta la fecha en que le hubiera correspondido cesar al reemplazado. Cuando el tiempo del mandato que faltase cumplir fuese inferior a lo mencionado, continuará en el mismo hasta su conclusión, el primer concejal de la lista a la que perteneciere el intendente y que hubiere sido elegido juntamente con él.

Los concejales Alejandro Issin (fue presidente de la comisión investigadora) y Alberto Esnaola, coincidieron en que "bien puede haber una definición antes" (del 8 al 15 de septiembre), indicaron que la resolución de la Corte tiene el carácter de "definitiva" y, en caso de ratificarse lo actuado, opinaron que se debería convocar a elecciones.

Sin embargo, no se descarta que los plazos se dilaten por el sistema recursivo y esto significaría que no haya elecciones, con lo cual seguiría el interino José Luis Vidal hasta completar el mandato hasta finales de 2015.

Al mismo tiempo, trascendió que el dictamen de la Procuración, a cargo de María del Carmen Falbo, habría avalado lo dispuesto por el Concejo Deliberante.

Intimación

Por otra parte, se tomó conocimiento que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires remitió una cédula de notificación a Horacio Tellechea, y a ex funcionarios que lo acompañaron en su gestión, como los secretarios Daniel Poujol (Salud) y Daniel Ranzetta (Seguridad); al subsecretario Mario Pucheta (Economía) y a Juan F. Bidegain (Ingresos Públicos). Además, comprende al ex intendente Daniel Molina.

La intimación tiene como objeto que se entregue documentación relacionada con una serie de cargos, respecto de los cuales todavía no se dictó sentencia (no estaban incluidos en las multas que le aplicaron hace unos meses). Se trata de los expedientes Nº 001 5718/12 Habilitación del comercio Corporación Diente de León S.A. (playa de estacionamiento de camiones); expediente Nº 001 1636/2011 Revisión Técnica Vehicular Misión Consultora; expediente Nº 001 2279/2011 y expediente 504/12 (Arco en C), entre otros. Se indicó que "ante la falta de aporte de lo solicitado, se formulará concreto reparo con apoyo en lo normado por los artículos 153 y 199 de la LOM, 126, 162 a 168, 170 y 175 del reglamento de contabilidad y disposiciones de administración (Rafam), resultando de aplicación los alcances previstos en los artículos 241 a 244 de la LOM".

La intimación advierte que "la falta de documentación y antecedentes para el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas lleva implícita la presunción de perjuicio para el erario municipal, correspondiendo a los funcionarios alcanzados aportar la prueba en contrario", para remarcarse que, en caso de no hacerlo, el mencionado tribunal dictará sentencia sobre la base de lo actuado".

La cédula de intimación está firmada por la contadora Gabriela A. La Bollita, relatora del Tribunal de Cuentas bonaerense.