Las elecciones generales de agosto de 2025 están a la vuelta de la esquina, y todos queremos que nuestro voto se compute con transparencia y rapidez. Sin embargo, es profundamente preocupante que, al principio de esta semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya puesto en riesgo la confianza de la población en el procesovenidero al solicitar al órgano legislativo una ley específica para regular el conteo rápido, además de un aumento de presupuesto de 10 millones de dólares para su ejecución.

La Ley N° 026 del Régimen Electoral, en su artículo 128, inciso c), establece que los cómputos rápidos son: “estudios cuantitativos de comportamiento del voto realizados al concluir la jornada de votación para conocer la tendencia de los resultados mediante relevamiento de datos de conteo de votos en las mesas de sufragio incluidas en una muestra, en un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato”. En esta misma línea, la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, en su artículo 24, parágrafo 29), señala que el Tribunal Supremo Electoral tiene la atribución de “regular y fiscalizar la elaboración y difusión de encuestas de intención de voto, bocas de urna, conteo rápido y otros estudios de opinión con efecto electoral durante los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, desde su convocatoria hasta la publicación oficial de resultados”.

Con los dos antecedentes jurídicos esgrimidos, y tomando en cuenta los hechos acaecidos en 2019 —cuando el TREP fue detenido y derivó en un conflicto social—, además de que para las elecciones generales de 2020, las subnacionales de 2021 y las judiciales de 2024 no se utilizó dicha herramienta, no podemos dejar de preguntarnos: ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral insiste en solicitar más leyes y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral, siendo que esto solo genera incertidumbre y retrasa una medida esencial para que nuestras elecciones sean libres de sospechas?

Otro elemento alarmante es que, a pesar de saber desde hace 5 años que estas elecciones generales se celebrarían en 2025, el TSE recién evidencia una falta de presupuesto de 10 millones de dólares para llevar a cabo el conteo rápido. La pregunta que surge es: ¿por qué no se contempló este gasto en el presupuesto general con la anticipación debida? Pareciera que la transparencia electoral, en lugar de ser una prioridad, se ha convertido en un trámite de último momento.

Esta falta de planificación no solo pone en jaque la confianza de la gente, sino que también transmite la sensación de que el TSE no está actuando acorde a la urgencia que el pueblo boliviano demanda. Y la verdad es que no podemos permitirnos vacíos ni dilaciones cuando lo que está en juego es algo tan valioso como nuestro voto y el futuro de nuestro país.

Lo que necesitamos ahora es acción. El TSE debe asumir su obligación de garantizar unos comicios creíbles, reglamentando de manera urgente las normas que le otorgan la atribución de regular y fiscalizar la elaboración y difusión del conteo rápido, ya sea por medio de una resolución de Sala Plena o mediante la convocatoria a las elecciones generales comprometida para los primeros días de abril; y dejar de buscar excusas en los demás poderes del Estado, que solo generan más dudas. Si realmente queremos unas elecciones limpias, ágiles y confiables, el conteo rápido tiene que ser una realidad, no una promesa.