Daniel Puertas

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La obstinada actitud del intendente de José Eseverri de conservar en sus manos la potestad de Juez de Faltas podría estar teniendo un alto costo para el Municipio, ya que según se comenta en el ámbito del Derecho a las multas que son recurridas por infracciones de tránsito se les han sumado algunas labradas por exceso de peso en camiones, que pueden llegar a ser muy altas.

En privado y en voz baja, más de un abogado se ufana de haber conseguido que sus clientes no pagaran la multa con el argumento simple de cuestionar las facultades legales del Intendente para imponer sanciones que deben ser decididas por un Juzgado de Faltas.

La legalidad del Juzgado de Faltas está cuestionada desde el largo y gratuito conflicto iniciado por Helios Eseverri, ya fallecido y padre del actual mandatario comunal, al decidir por decreto la cesantía del entonces juez de Faltas Carlos Sebey y retomar en sus manos esas facultades.

Después de tomarse varios años para adoptar una resolución, la Suprema Corte de Justicia bonaerense falló a favor de Carlos Sebey, sostuvo que un Juzgado de Faltas no puede ser eliminado por decreto, ordenó que repusieran a Sebey en su cargo y obligó al Municipio a pagarle parte de los salarios que debió haber percibido.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la Municipalidad de Olavarría y el fallo quedó firme.

Cuando aún no se había expedido la Corte bonaerense, en una sesión donde se trataba el Presupuesto, el eseverrismo intentó eliminar el Juzgado de Faltas -el HCD sí tiene potestades para hacerlo-, lo que generó una situación curiosa al borrar de un plumazo un cargo que probablemente luego deberían devolver, como efectivamente ocurrió.

El conflicto se zanjó ofreciéndole una indemnización a Sebey para que declinara la decisión de reinstalarse en el despacho del que había sido ilegalmente desalojado pero nunca quedó en claro cómo quedaba la situación legal del Juzgado de Faltas.

En su voto, el ministro de la Corte Héctor Negri subrayó que la ley "dispone que la jurisdicción en materia de faltas será ejercida por los jueces de faltas en aquellos partidos en los que el Departamento Deliberativo hubiere dispuesto la creación de juzgados de faltas; por los intendentes, en los partidos donde no hubiere juzgados de faltas o donde los hubiere en los casos de excusación de éstos y, en grado de apelación, por los jueces de primera instancia en lo penal".

Es decir, desde que se creó el Juzgado de Faltas de Olavarría, con acuerdo del Concejo Deliberante, el Intendente perdió las facultades de juez en esa materia. Claro que en Olavarría el Juzgado de Faltas sigue existiendo, pero no tiene juez y no se sabe en qué ley se puede basar la decisión de que el Intendente recuperara esa facultad.

En uno de los momentos en que la oposición contaba con mayoría en el HCD creó de nuevo el Juzgado de Faltas, ordenanza que fue, previsiblemente, vetada.

Con la astucia propia de la profesión, algunos abogados comprendieron que las multas aplicadas por el Juzgado de Faltas podían ser recurridas cuestionando la legalidad de Eseverri como juez de Faltas. El éxito que tuvieron los primeros en hacerlo alentó a otros y desde hace un tiempo circula entre los abogados una presentación tipo para la apelación de las multas, donde se cita, claro está, la argumentación de la Suprema Corte en su fallo por mayoría al resolver sobre el caso Sebey.

Las apelaciones deben terminar en manos de la jueza en lo Correccional María Cecilia Desiata, quien hasta ahora "prefiere anular las multas por vicios de procedimiento para no verse obligada a resolver sobre la cuestión de fondo, que es la legalidad del Juez de Faltas", confió un abogado local.

Lo cierto es que aseguran que ninguna de las multas recurridas ha sido cobrada por la Municipalidad, sea "porque la anulan en el Juzgado Correccional o porque desde la Municipalidad directamente la dejan en un cajón para siempre. Aunque al infractor y a su abogado le dicen que la elevaron al Juzgado, no lo hacen porque saben que pierden".

Desde la Municipalidad se publicitan profusamente las infracciones de tránsito labradas y a veces el monto de las multas, especialmente cuando se tratan por altos índices de alcoholemia. Habría que ver cuántas de esas multas pueden ser efectivamente cobradas.

Con las multas por exceso de alcohol en la sangre hay otra cuestión. Se ha informado que se han detectado casos de índices de alcohol en sangre que ponen al infractor al borde del coma alcohólico, lo que implica que al momento de sentarse al volante no podía comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, lo que lo convierte en inimputable para la ley penal.

Como la Justicia de Faltas es una instancia "administrativo penal", según la Suprema Corte, se debería atener a las reglas de la ley penal, por lo que es una contrasentido imponer sanciones económicas más altas a quienes no deberían ser punibles legalmente, más allá de la condena social que merece alguien que se instala frente a un volante en esas condiciones, convirtiéndose en un peligro para sí mismo y para su prójimo.

"Ni siquiera es necesario apelar a ese punto. Para recurrir la multa basta con la ilegalidad del Juzgado de Faltas", dijo otro abogado que espera con los brazos abiertos a todos los infractores que prefieran pagarle a él en lugar de a la Municipalidad, lo que siempre le saldrá más barato.

Si además ahora las empresas multadas por transporte con exceso de cargas están siguiendo el mismo camino legal, las arcas municipales pueden estar perdiendo bastante.

Para comparar: en Tandil han aplicado multas por centenares de miles de pesos por camiones con más carga de la permitida. Se cobra un litro de nafta premium por cada kilo de más y han interceptado camiones con 30 toneladas de sobrepeso. A 14 pesos el litro, la multa es ciertamente considerable.

Incomprensible

Es difícil comprender el empecinamiento del intendente José Eseverri en mantener para sí las facultades de Juez de Faltas. Como es evidente, las obligaciones propias de su función específica más la actividad política que desarrolla, y que lo obliga a viajar bastante, no deben dejarle demasiado tiempo para actuar además como juez.

Tiene mayoría en el Concejo Deliberante, por lo que el juez de Faltas que elija no tendrá problemas para conseguir la aprobación.

¿Por qué se obstina entonces en mantener una situación que hasta podría llevarlo a encajar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, con el presunto perjuicio al erario municipal?

"Siempre hay una razón. El Juzgado de Faltas interviene en muchas otras cosas que no se ven. Por ejemplo, nadie se va a preocupar por las obras sin cartel o que no respeten las otras reglas de la construcción", dice otro abogado antes de marcharse con una sonrisa irónica en sus labios.