Claudia Rafael

[email protected]

Que Francisco (el Papa, ¿qué otro?) levantó el teléfono y llamó a un familiar azuleño, que el Mundial Brasil 2014 está quitando el sueño a más de un integrante del Consejo de la Magistratura, que no hay candidato potable que pueda llevar agua para el propio molino, que más de uno se levantó de su silla y pegó el portazo... todo es territorio fértil para los rumores. Lo único concreto es que Cristian Citterio lleva quince meses como fiscal general interino del Departamento Judicial de Azul y que en apenas once días se habrá cumplido un año desde que se tomó el examen para la titularidad del Juzgado de Garantías vacante en Olavarría.

Para el universo judicial bonaerense, no son cargos cruciales ni comportan un peso medular pero resultan fundamentales para el Departamento Judicial de Azul. Sin embargo, el gran problema que subsiste es que si bien el oficialismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, no todo concluye ahí. Porque necesita luego la aprobación en el Senado y ahí el rompecabezas se torna más que complicado porque obliga, indefectiblemente, a una negociación y a un cambio de favores. Entonces, si bien podrían tranquilamente acordar un paquete en el Consejo, no serviría de nada si después no cuenta con el aval en la Cámara alta.

Entre medio, corren otras aguas que aportan condimentos indispensables para la historieta, más que para la Historia. "Aunque no lo creas, acá lo que está corriendo como rumor en los ámbitos judiciales es que el papa Francisco intervino para que se acelerara todo y dicen que pidió que quede (Marcelo) Sobrino como fiscal general, que siempre estuvo muy cerca del Obispado", dijo la fuente azuleña. La mitología papal, la que inauguró el mismo Bergoglio con llamados telefónicos como el que hizo a su diariero personal pidiendo disculpas por no haberle avisado antes que no le llevara el diario a la Basílica, no tiene límites. Y si algo le faltaba ahora era ocuparse del nombre del sucesor de Eduardo Raúl Serradell.

24 ternas

Todos se mueven en rigurosísimo off de record. Cada paso, cada movida, puede complotar con negociaciones cada vez más arduas en un terreno cenagoso. Y sesión tras sesión se sigue postergando peligrosamente la decisión. Para fiscal general el trío saldría entre: Adriana Bianco, actual jueza de Ejecución Penal de Alvear; José Luis Ennis, funcionario de Procuración; Gabriel Vandemberg, fiscal de Lomas de Zamora; Gustavo Morey, fiscal de Tandil; Mariela Viceconte, fiscal del Fuero Juvenil de Azul; Marcelo Sobrino, defensor oficial de Azul; Stella Maris Tato, fiscal de Lomas de Zamora; Martín Pizzolo, fiscal de Olavarría; y Carlos Villamarín, juez de Garantías de Olavarría. Para Garantías, emergería entre Patricia Altamiranda, Marcela Alejandra Cabas, Guillermo Castro, Elda Donatelli, Sebastián Diego Luján, Paola Mazzeo, Natalia Piccoli, Marcela Propato, Fabiana San Román, Adrián Villagra y Santiago Zurzolo Suárez.

En lo que va del año, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires elaboró 24 ternas contra las 171 ternas votadas durante todo 2013. Las formalidades obvian el gran condimento que está teñido de partidismos y conveniencias. Y más bien se ubica todo en un nivel de transparencias y equilibrios prescindentes de toda ideología: "De acuerdo a las pautas fijadas por la ley que lo rige, los postulantes rinden un examen de oposición. Quienes aprueban son entrevistados personalmente por el Consejo con la finalidad de apreciar su idoneidad, solvencia moral, equilibrio, madurez, conocimiento de la realidad, sentido común, coherencia, creatividad, independencia de criterio, imparcialidad, equidad, apego al trabajo, capacidad de liderazgo, vocación de servicio, compromiso con el cambio, con los intereses de la comunidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos", formalizó el Consejo en su comunicado de fin de año 2013.

Botones de muestra

Nada de eso explica por qué no se acuerdan las ternas. Análisis con mucho más cable a tierra que el del comunicado del Consejo de la Magistratura dan cuenta de otros factores mucho más terrenales, enraizados en las pujas que tienen como principales protagonistas al Frente para la Victoria y al Frente Renovador. Pero en las que a la hora de tratar el tema en el Senado otros bloques adquieren un peso de enorme relevancia. El Frente para la Victoria cuenta con 19 legisladores; el Frente Renovador, con 20. Les sigue la Unión Cívica Radical con 3, y con uno los restantes: Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro.

Para muestra de cómo se puede enlodar todo en una negociación, basta un botón: el proyecto de la Policía Comunal sigue sin sanción.

Y una segunda muestra a tener en cuenta es la de la eternamente postergada selección de la titularidad del Juzgado de Paz de Laprida, que quedó entrampado en negociaciones que nunca tuvieron final, justamente, por la falta de acuerdos políticos. A veces, los pliegos se terminan dejando vencer.

Sin inocentes

Evidentemente, el intercambio de favores propuesto o sugerido no basta ni alcanza como para que el armado se concrete. A este paso, todo seguiría pateándose para adelante en el contexto de la actual conformación del Senado. Porque la gran pregunta sería: ¿qué es lo que puede cambiar como para que, por ejemplo, pueda haber acuerdo esta semana si no lo hubo en las anteriores? ¿Qué propuesta sería realmente satisfactoria a ojos de otros bloques como para que la mayoría sienta que puede imponer un candidato propio? No hay el menor inocente en esta historia. Todos tienen muy en claro a qué juego están jugando.

Pero, además, es interesante entender previamente un par de cuestiones. Por empezar, cuáles son las reglas de medición que se utilizan como para "apreciar" la "idoneidad, solvencia moral, equilibrio, madurez, conocimiento de la realidad, sentido común, coherencia, creatividad, independencia de criterio, imparcialidad, equidad, apego al trabajo, capacidad de liderazgo, vocación de servicio, compromiso con el cambio, con los intereses de la comunidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos" de los postulantes y, a su vez, comprender si quienes tienen en sus manos el poder de juzgar cumplen con los mismos requisitos.

En esta instancia, los nueve postulantes a la Fiscalía General y los once aspirantes al Juzgado de Garantías, que ya aprobaron los exámenes y atravesaron la entrevista, no son otra cosa que piezas en un armado que los trasciende. No importa ya cuán idóneos, trabajadores, prolijos, estudiosos, respetuosos, coherentes o imparciales sean. No pasa por ahí la cosa ni está puesta en sus historiales de vida y profesión la vara para la decisión final.

Sea los próximos días o en 2016 (como algunos presienten que recién ocurrirá), el gran tema será saber cuán doloroso será el favor a devolver por "el elegido" y qué costo político y de los otros tendrán los legisladores que afrontar para asegurarse la llegada a una instancia final.