Daniel Puertas

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Mientras los concejales kirchneristas Federico Aguilera y Saúl Bajamón terminaron de redactar un pedido de informes donde califican de "extrema ilegalidad" que la Municipalidad cobre el impuesto a los combustibles con la tasa de Servicios Urbanos mientras ya percibe ese tributo de parte de estaciones de servicio de YPF, el bloque del Frente Amplio UNEN se apresta a presentar un proyecto de resolución reclamando que de ser así se suspenda inmediatamente el cobro con las facturas por el otro tributo y se devuelva a los contribuyentes lo que se les cobró de más.

Hay un detalle que le agrega más pimienta a la cuestión: distintas fuentes señalaron que los combustibles de bandera nacional están pagando ese tributo en Olavarría desde febrero, lo que implicaría que desde ese mismo mes dejó de regir legalmente la cláusula transitoria que faculta al Municipio a cobrar 10 y 20 pesos más según los casos junto con Servicios Urbanos. Y la cláusula de marras comenzó a regir exactamente a partir del 1 de febrero, por lo que puede suponerse que sólo debió tener vigencia durante muy pocos días y que habría que devolverles a los contribuyentes unos cuantos pesos.

La semana política que se iniciará mañana se insinúa muy movida.

La iniciativa de Bajamón y Aguilera se inicia recordando que "La Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 cuya Cláusula Transitoria, en referencia al articulo 4° de la citada ordenanza, establece que hasta el momento de la percepción efectiva de la Tasa por Seguridad Vial, los importes a cobrar serán fijados dentro de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos. La entrada en vigencia de dicha ordenanza el día 08/01/2014, fecha de publicación en Boletín Oficial y la aplicación de su cláusula transitoria a partir del 1 de febrero de 2014, fecha en que comienza el cobro de la Tasa de Seguridad Vial en concepto de Servicios Generales y Urbanos a los vecinos olavarrienses".

Se agrega en los considerandos que "este Bloque de Concejales ha tomado conocimiento de la existencia de estaciones de servicio en la ciudad de Olavarría que venden el combustible a un precio mayor que en el resto de las localidades de la región, caso Azul, Tapalqué y Saladillo, entre otros".

"Que en caso de ser la aplicación de la Tasa de Seguridad Vial (''Impuesto al Combustible'') el motivo de dicho costo diferencial del producto, el Departamento Ejecutivo estaría realizando una doble carga impositiva, incurriendo en una situación de extrema ilegalidad".

En la parte resolutiva se solicita información sobre "si existe la presentación de declaraciones juradas de las Estaciones de Servicio de Olavarría a los efectos de liquidar los importes correspondientes a la Tasa de Seguridad Vial" y "si existe liquidación e ingreso de los importes correspondientes a la Tasa de Seguridad Vial".

Previsiblemente, el paso siguiente seguramente será coincidente con lo que plantearán los concejales de la alianza entre radicales y socialistas, es decir, pedir que se refacture la Tasa de Servicios Urbanos y se devuelva los vecinos lo que se les cobró por ese tributo.

Una de las versiones que comenzó a circular apenas se difundió la noticia de la supuesta doble imposición ayer a través de estas mismas páginas es que YPF directamente paga y fija el precio con el recargo incluido para las estaciones de servicio locales.

Es llamativo que la Municipalidad haya comenzado a cobrar el impuesto por parte de YPF y lo haya continuado facturando con Servicios Urbanos sin advertir la doble imposición. El texto de la cláusula transitoria es claro respecto de que su vigencia termina en el mismo momento en que "se perciba en forma efectiva dicha tasa".

La oposición se regodeará en machacar sobre ese clavo.