La Justicia estadounidense ha dado un nuevo revés a la Argentina al autorizar el embargo de activos del Estado argentino depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). La decisión permitirá que los tenedores de bonos en default desde 2001 puedan embargar unos US$ 187 millones.

La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, confirmó el dictamen de primera instancia emitido por la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este dictamen permite a los acreedores embargar bonos del Tesoro de EE.UU. que Argentina tenía como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990 y que vencieron en marzo de 2023.

Entre los fondos que adquirieron la deuda argentina en default se encuentran Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Estos fondos compraron la deuda a tenedores originales que no ingresaron en los tres canjes de deuda emitidos por el país en 2005, 2010 y 2016. Se estima que representan menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default.

El total de la deuda en default de 2001 asciende a unos US$ 420 millones. Los activos embargados son títulos del Tesoro de EE.UU. que Argentina mantenía como garantía de pago de los bonos Brady, utilizados en los años 90 para refinanciar la deuda acumulada en la década anterior.

Sebastián Maril, especialista en mercados y consultor de Latam Advisors, advirtió que "en tan sólo un mes, Argentina ha enfrentado múltiples derrotas judiciales", incluyendo la pérdida de una apelación por el cupón PBI en Londres (US$ 1.500 millones) y la sentencia sumaria por deuda en default (US$ 140 millones), entre otros casos.

Otros juicios contra Argentina:

Este nuevo revés judicial se suma a una serie de derrotas que el país ha enfrentado recientemente. Una corte estadounidense rechazó una moción de Argentina contra el fondo Titan Consortium, que reclama US$ 320 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.

Además, Argentina perdió una apelación en una corte británica por el mal cálculo del cupón de deuda atado al PIB, lo que le costará al país US$ 1.670 millones.

El caso más significativo, sin embargo, es el juicio por la nacionalización de YPF en 2012, donde la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a Burford Capital. Este caso podría tener su desenlace en las próximas semanas, lo que representaría un golpe significativo para la economía argentina.