La Corte Suprema de Justicia de la Nación se compone de cinco miembros. Pero, desde la jubilación de Highton de Nolasco en 2021, ha estado funcionando con solo cuatro bancas ocupadas. En noviembre, Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años, edad límite para ejercer el cargo y estará obligado a retirarse también. Una vez que eso suceda, cualquier decisión en la Corte deberá ser tomada por unanimidad, dado que éstas necesitan como mínimo tres votos en el mismo sentido. ¿Cuál es la posibilidad de que los tres jueces restantes consigan la mayoría y “zafen” de la parálisis institucional?

Hasta ahora, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda tomaban decisiones excluyendo a Lorenzetti. Pero, sin Maqueda, Lorenzetti recupera su poder pudiendo frenar cualquier decisión al bloquear el mínimo de tres aprobaciones. En otras palabras: la Corte corre riesgo de que se torne imposible tomar decisiones por posturas opuestas entre los miembros.

 Ante este panorama, La Libertad Avanza (LLA) encontró una ventana para proponer dos nuevos miembros: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla; que despertaron un ruido social sin precedentes. En los documentos que el Ejecutivo envió al Senado se enfatizan los riesgos de una Corte tridente, pero el kirchnerismo no da brazo a torcer.

Para que alguno de los candidatos asuma, se necesitarán dos tercios de la Comisión Unicameral de Acuerdos del Senado. Hasta ahora, las negociaciones están estancadas: el kirchnerismo pide ampliar el tribunal supremo a nueve miembros y el oficialismo, por su parte, afirmó que no negociaría nada hasta la aprobación de sus candidaturas.

La esperanza de LLA recae, entonces, sobre los cuatro miembros de la Comisión del Senado pertenecientes a la UCR. Pero, si bien este partido se ha mostrado complaciente con algunas decisiones del Ejecutivo, estos se pronunciaron alentando a la Cámara Alta a actuar para garantizar la equidad de género en la CSJN, lo que parece desalentador para los dos  candidatos masculinos; que deben lograr la aprobación antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

Una cosa es segura: el oficialismo se queda sin tiempo: las negociaciones corren riesgo de postergarse a 2025; y la Corte de funcionar con tres miembros y caer en parálisis institucional con Lorenzetti como ancla.