El lunes 1 de enero, Chile puso en marcha la Ley de Royalty a la Gran Minería, un nuevo marco tributario diseñado para la industria del cobre y el litio. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional en mayo y promulgada por el presidente Gabriel Boric en agosto de 2023, representa un paso significativo después de casi cinco años de tramitación.

El impacto económico de esta legislación es considerable, ya que se proyecta que permitirá al Estado recaudar 1.350 millones de dólares anuales. De esta cifra, 450 millones se destinarán al desarrollo de las regiones del país, lo que equivale al 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB) actual de Chile.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia de la ley al aumentar la participación del Estado y la ciudadanía en las ganancias de la gran minería del cobre. Además, subrayó que la ley busca reducir la incertidumbre al establecer un límite global para la carga tributaria de la industria.

La legislación establece un "royalty" para la minería, un impuesto específico común en todo el mundo para grandes empresas mineras. Chile busca así generar una recaudación justa y eficiente, promoviendo el desarrollo económico y asegurando que los recursos retornen a las comunidades mineras.

En cuanto a los detalles, las empresas que produzcan más de 80,000 toneladas métricas de cobre fino pagarán regalías al Estado chileno equivalentes al 46.5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma). Aquellas que produzcan entre 50,000 y 80,000 toneladas pagarán el 45.5%.

La nueva ley no solo afecta a la industria del cobre, sino también a la del litio. A finales de diciembre, el gobierno anunció una alianza histórica con el sector privado para la explotación del Salar de Atacama, asegurando al mismo tiempo una participación mayoritaria del Estado.