Cacho Fernández

[email protected] 

Hasta ahora, la Iglesia no se había metido mucho con la inseguridad y menos con un documento. Un análisis profundo de este tema la obligaba a realizar un análisis multicausal que contemplaba desde la situación socioeconómica de la población, la educativa y la jurídica y, por sobre todas las cosas, la responsabilidad política e institucional del Estado de garantizarle a la población "el clima de paz y concordia", sobre lo cual, dice el documento, "es responsabilidad del Gobierno".

La respuesta no se hizo esperar. Primero salió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a cruzar a la Iglesia y luego fue La Cámpora, que oficia como una suerte de guardia pretoriana de la Casa Rosada. Esta última hizo una comparación forzada y les reprochó a los obispos no haber tenido en cuenta otras coyunturas como las de 1955, 1976, 1989 y 2001, y por haber acentuado solamente la actual, acusándolos implícitamente de una supuesta intencionalidad política contra este Gobierno.

Antes, la Iglesia había lanzado un duro comunicado, por el que juzgó que "la Argentina está enferma de una violencia cada vez más feroz y despiadada", destacando que los delitos "no sólo aumentaron en cantidad, sino también en agresividad", a la vez que destacaba que la corrupción, tanto pública como privada, es "un verdadero cáncer social" y causante de "injusticia y muerte".

Tanto en el comunicado eclesiástico como en la respuesta gubernamental están implícitos algunas variables desencadenantes de esta violencia social, tales como la corrupción y la inflación, pero también la desigualdad social, la ineficacia institucional y la intolerancia política.

Aburre un poco volver a la historia como ya se ha hecho en esta columna, pero vale un poco la pena volver a hacerlo. Nuestro país se engendró en medio de la intolerancia política más extrema y, luego, con una corrupción dirigencial casi permanente e irreductible. Y esto también es cierto, con una cúpula eclesiástica que sólo las denunció en democracia y se calló olímpicamente durante las dictaduras.

Llegamos a esta década suponiendo que los argentinos habíamos aprendido a vivir en democracia, pero tampoco esto fue así. Volvió la intolerancia y la descalificación permanente para eludir o abortar cualquier debate social. La violencia verbal estuvo a la orden del día y algunas internas sindicales volvieron a dirimirse con muertos. Es decir, no hemos aprendido nada todavía, y las tragedias políticas no deben ser sólo eslóganes que se citen para quedar bien con el "progresismo político", sino que debieran recordarse para no incurrir en las mismas causas que le dieron origen. Pero para eso hace falta, además del afán de justicia institucional y el recuerdo verdaderamente sentido de lo que pasó, tener un compromiso verdadero con ese pasado, conocimiento objetivo de los hechos y análisis científico de las causas. Sólo de esa manera le vamos a dejar algo positivo y generoso a las nuevas generaciones.

Maldita violencia

La Iglesia afirma que la sociedad "está enferma de violencia" y, en verdad, no sé si alcanza el nivel de una patología general, pero lo que es cierto es que sí se observa que la intolerancia política ya se refleja además en las conductas cotidianas, desde el tránsito hasta en las escuelas en donde además hasta el comportamiento patoteril, algo muy despreciado en la vida barrial de hace no mucho tiempo, hoy aparece inexplicablemente naturalizado, sea en el bullying o a la salida de los boliches bailables o cualquier otra situación. En ensañamiento es moneda corriente de cualquier altercado, y el crimen de Junín lo refleja con elocuencia. Los asaltos o entraderas o cualquier modalidad de robo se realiza con una perversidad feroz. Y tanto es así que el objetivo no parece ser arrebatarle el bien al otro, sino dar rienda suelta a un afán destructivo descomunal que se lleva en latencia. "Estamos ante una violencia que ni siquiera imaginábamos", dice Tommy Lee Jones en su personaje de un sheriff de un pequeño pueblito en el film "Sin lugar para los débiles". ¿Es la droga la causa de esta violencia y perversidad inimaginables? Es posible. Pero también es la impunidad por la inacción o mala praxis policial, y fundamentalmente judicial. El mensaje parece muy peligroso y es que pareciera que es fácil robar o matar, porque no pasa nada o no pasa mucho.

La paz dejó de ser un valor y el sustrato de todo desarrollo vital, y comenzó a exaltarse demasiado, casi como un dogma, el conflicto como un revulsivo generador de "cosas mejores". Si bien es verdad que como resultante, la historia tiene una mecánica dialéctica, basada en la sintetización de contradicciones, lo correcto es que a éstas se las resuelva pacíficamente, con diálogo y vocación por los acuerdos. Pero parece existir lo contrario, esto es, una constante predisposición a la ruptura, a los desacuerdos y al encerrarse en su propia verdad, pese a que la verdad social es una resultante del cotejo constante entre las posiciones particulares. La misma denominación de "partido" viene de suponer que cada espacio político tiene sólo "parte" de la verdad general.

"Más de 5 millones"

La Iglesia metió el dedo en la llaga y habló de inseguridad y de la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad y la paz de las personas. Calificó a la corrupción como un "cáncer social", y con esto se dirigió a la clase dirigente, que "a veces no está a la altura de las circunstancias", pero señaló que "cuanta más autoridad, más responsabilidad se tiene".

El gobierno bonaerense no parece haberse enterado de todo esto. La inseguridad ha empeorado notablemente en los últimos seis años y, a pesar de que la seguridad es una obligación provincial, los municipios debieron hacerse cargo de los vacíos que iba dejando el gobierno bonaerense, tanto en seguridad como en educación y en otros aspectos sociales. Vale como ejemplo, seguramente con pretensión de ser casi una generalidad, que la Comuna local debió invertir "más de 5 millones de pesos destinados a la seguridad y prevención en apenas los primeros cuatro meses del año". Tras ello crítico duramente al Gobernador porque "la emergencia que anunció no se ve reflejada en la Provincia" y aprovechó para justificar "la tasa que aprobamos en diciembre y que tenía como único objetivo colaborar en el aporte municipal ante la inacción económica de la provincia de Buenos Aires". En el mismo sentido les informó a los "vecinos de Olavarría" que "de no existir la decisión política del intendente José Eseverri de realizar el aporte municipal en combustible, los más de 30 patrulleros que hay en la ciudad y los de las localidades no podrían funcionar". Y lo mismo está pasando en casi todos los municipios.

Inseguridad en punta

Uno de los pocos voceros gubernamentales del gobierno local, y probablemente figura puesta para encabezar la lista de concejales en 2015, habló también del "fracaso en la política de seguridad del gobernador Scioli, probada con su firma en el decreto de emergencia, que es una respuesta tardía a un gran problema como la inseguridad al que los intendentes como José Eseverri vienen haciendo frente en soledad hace tiempo".

Einar Iguerategui seguramente conoce la última encuesta que supuestamente encargó el Ejecutivo, en la que el tema de la inseguridad encabeza cómodamente el ranking de las preocupaciones de la gente. Lo fue en otras anteriores y ahora más que otras veces, como si el problema se fuese agravando progresiva e indetenidamente.

Y el otro tema especificado en el comunicado de los obispos se refiere a los linchamientos. La Iglesia insiste con la sacralidad de la vida y conceptualiza el crimen de la misma manera con que Dostoievki lo hizo con "Crimen y castigo", es decir, quien mata a otro se mata a sí mismo.

Tributos

De todos modos, el oficialismo deberá enfrentar esta semana una profundización del avance opositor sobre la tasa al combustible. "Debe caer porque la están cobrando dos veces, y quienes la pagan en las estaciones de servicio ya lo están haciendo con los 20 pesos en los servicios urbanos, y si no lo hacen, les está devengando deuda", anticipó una fuente del peronismo sumándose al reclamo de la bancada K que integran Saúl Bajamón y Federico Aguilera.

El mismo dirigente le apuntó a este columnista que la citada tasa del 4% sobre el neto "¿dónde queda desglosada si uno no pide factura o si paga en efectivo? Y éste es un problema para la AFIP similar al que podría tener con el recargo que algunos kiosqueros le aplican al paquete de cigarrillos", tras lo cual admitió que "estamos ante una anarquía tributaria, por la cual cualquiera cobra lo que quiere, y la cuestión de fondo es que falta control".