El Gobierno ha enviado cartas documento a más de 20 gremios y organizaciones sociales, intimándolos a pagar montos que ascienden hasta $56 millones en concepto de multas por los costos de los operativos de seguridad desplegados durante las protestas realizadas el 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente. Estas protestas fueron en contra del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.

Entre las organizaciones que recibieron estas cartas documento se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras.

Las cartas documento, enviadas por el Ministerio de Seguridad, exigen el pago de estas multas en un plazo perentorio de diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación. El texto de la carta documento especifica los montos que deben abonar, y se basa en los "costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público".

Además de las organizaciones mencionadas, otras que fueron multadas por su participación en las protestas incluyen a la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

También se notificó al Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Agrupación de Izquierda Socialista, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (Sutna), Conadu Histórica y CTA Autónoma.

En el caso de algunas organizaciones, se les exige el pago de multas por los costos de los operativos de las dos jornadas de protestas.

Estas intimaciones a las organizaciones se producen en un contexto de tensiones entre el Gobierno y diversos sectores sindicales y sociales debido a las políticas económicas y laborales implementadas por el presidente Javier Milei.