Con cambios de votos inesperados a última hora, el apoyo de algunos gobernadores y la ausencia clave de varios legisladores, el Gobierno logró este miércoles en la Cámara de Diputados proteger el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. La norma, que requería dos tercios para ser ratificada, obtuvo 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.

Justo antes del inicio de la sesión, se revelaron votos clave de legisladores que seguían las órdenes de gobernadores, quienes hasta la noche anterior no habían declarado su postura. También aparecieron ausencias no previstas que resultaron decisivas, ya que el oficialismo necesitaba garantizarse un tercio de los presentes para blindar el veto. Con menos presentes, fue más sencillo alcanzar ese número.

Después de mantener incertidumbre, los tres legisladores de Tucumán leales al gobernador Osvaldo Jaldo votaron a favor del veto, siguiendo su alineación con el Gobierno desde principios de año, cuando se separaron del bloque kirchnerista. Ya habían votado en contra de la ley en su primera discusión en agosto. Por otro lado, las dos diputadas de San Juan, parte del bloque Producción y Trabajo y aliadas del oficialismo, esta vez votaron en contra del veto. Ambas justificaron su voto por convicción, una de ellas es docente universitaria y la otra basó su campaña en la defensa de la educación pública. En agosto, ambas se ausentaron de la votación.

Los cuatro diputados de Misiones, alineados con el gobernador Hugo Passalacqua, cambiaron su postura: en agosto votaron a favor de la universidad y ahora se abstuvieron. Uno de ellos había dado a entender que votaría en contra del veto, pero al final todos optaron por la abstención, lo cual favoreció al Gobierno, ya que las abstenciones no cuentan en el cálculo para la mayoría especial.

Tal como adelantó Clarín, cuatro de los cinco radicales que habían cambiado su voto en el veto a la ley de jubilaciones ahora también apoyaron al gobierno. Estos son Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Federico Tournier. Anteriormente, Arjol y Tournier habían votado a favor de la ley, mientras que Picat y Campero se ausentaron. El quinto radical, Pablo Cervi, se abstuvo esta vez, después de haber votado a favor de la ley en agosto.

La cantidad de ausencias imprevistas también creció. Cuatro de ellas estaban previamente justificadas: Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Fernando Carbajal (UCR), Oscar Zago (MID) y Héctor Stefani (PRO). A última hora del martes, se sumó la ausencia de Alejandra Torres (Encuentro Federal), y durante la sesión se confirmó la ausencia de Jorge Ávila, quien responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Ávila se ausentó por problemas de salud, pero se esperaba que votara a favor de la ley de Financiamiento Universitario. En el bloque de Unión por la Patria, la ausente fue Fernanda Ávila, de Catamarca, quien responde al gobernador Raúl Jalil. Los otros tres peronistas de su provincia estuvieron presentes y votaron.

Voces a favor y en contra Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada de la UCR, criticó el desfinanciamiento de las universidades y cuestionó el argumento del oficialismo de que la ley generaría un desequilibrio fiscal. Según él, el presupuesto ya prevé fondos suficientes para el financiamiento educativo, y lo que el Gobierno proponía no generaría una crisis fiscal.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria denunció presiones del Gobierno y de algunos líderes políticos locales, argumentando que no se trataba solo de un debate presupuestario, sino del futuro del país.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, lanzó fuertes críticas al Ejecutivo, señalando que el Gobierno estaba cometiendo errores que lo llevarían al fracaso. Comparó la situación con un barco a la deriva y una empresa en demolición.

Desde el PRO, Cristian Ritondo justificó el apoyo a la propuesta del Gobierno, destacando que se logró garantizar un aumento retroactivo al mes de abril para los docentes y no docentes con menores ingresos, aunque también indicó que sería necesario seguir discutiendo las prioridades presupuestarias para 2025.

¿Qué estipulaba la ley y cuál era su costo fiscal? La ley de Financiamiento Universitario establecía actualizar el presupuesto al inicio de 2024 según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, con revisiones bimestrales por inflación, descontando los aumentos ya otorgados durante el año.