En un movimiento sin precedentes, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y altos dirigentes del movimiento palestino Hamás. Estas solicitudes surgen después de investigaciones detalladas sobre los crímenes cometidos durante los más de 200 días de conflicto entre Israel y Hamás.

Las órdenes incluyen cargos contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por acciones como "matar deliberadamente de hambre a civiles" y "homicidio intencionado" en la Franja de Gaza. Según el fiscal Khan, estas acciones constituyen un "ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina" y son parte de la política del Estado israelí.

Por otro lado, los líderes de Hamás implicados, entre ellos Yahya Sinwar y Ismail Haniyeh, enfrentan acusaciones de "exterminio", "violación y otras formas de violencia sexual", y "toma de rehenes", crímenes que se habrían cometido tanto en Israel como en Gaza.

El gobierno de Israel, que no es parte de la CPI, ha rechazado vehementemente las acciones del fiscal, calificándolas de "vergüenza histórica". Por su parte, la CPI ha expresado que, de emitirse las órdenes, cualquier Estado miembro estaría obligado a detener a los acusados si entran en su territorio, aunque la CPI misma carece de fuerza ejecutiva propia.

Este paso de la CPI marca un momento crítico en la justicia internacional, destacando el principio de que "todas las guerras tienen reglas" y que las leyes de conflictos armados deben ser respetadas por todos los actores, independientemente de su posición o poder. La comunidad internacional sigue atenta a las repercusiones de estas solicitudes de arresto y su impacto en las relaciones internacionales y la estabilidad en la región.